Frente Parlamentario Agrario lucha contra algunos aspectos de la reforma tributaria
El encuentro, realizado en la sede de la Confederación de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), en Brasilia, contó con la presencia del presidente de la entidad, João Martins, el coordinador del GT sobre reforma tributaria, diputado Reginaldo Lopes (PT- MG) y de parlamentarios del grupo técnico, creado por el alcalde, Arthur Lira (PP-AL), para tratar la reforma antes de que la propuesta pase a votación del pleno. Además de diputados y senadores vinculados al agro, también participaron líderes y representantes del sector productivo.
Durante la reunión se presentaron ocho puntos de la propuesta que el sector no acepta y que irán en contra de su aprobación en el Congreso. Entre ellos se encuentra el mantenimiento de la exención de productos de la canasta básica alimentaria. La devolución de impuestos para los más pobres estará incluida en la propuesta de reforma, como ya adelantó hace tres semanas el secretario extraordinario para la reforma tributaria, Bernard Appy.
“Representamos la tercera parte del PIB nacional, el 25% de los empleos, la mayor parte de las exportaciones del país. Es un sector que necesita ser escuchado, respetado y, sobre todo, necesita tener la oportunidad de presentar inquietudes en relación a esta próxima reforma tributaria”, destacó el presidente de la FPA.
Lupion afirmó que el frente no está en contra de la reforma, pero dijo que no se puede perjudicar al sector con la aprobación de la propuesta. “Queremos apoyar la Reforma Tributaria y para apoyarla no podemos ser perjudicados. Con eso, partimos de la necesidad de que la gente entienda lo que significa el sistema productivo brasileño”, destacó.
“Nosotros no vivimos del subsidio, sino de la producción agrícola”, dijo Lupion, quien también señaló que la thought de que la agroindustria paga menos impuestos es un error. El sector industrial, sin embargo, cuestiona este punto y viene presentando cifras que muestran que, mientras la agroindustria recaudó el 0,6% de los impuestos federales, la industria manufacturera pagó el 26,2% en 2021.
El FPA, que cuenta con unos 300 parlamentarios, es considerado uno de los grupos más poderosos del Congreso y se está organizando para que el sector no tenga una carga fiscal alta.
Correspondió al técnico de la CNA Bruno Lucchi presentar, punto por punto, puntos de los ocho problemas identificados.
Entre los puntos críticos de la reforma agroindustrial está el fin del llamado crédito presunto por el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS), que debería crearse en la reforma. Este es un beneficio fiscal que existe en la actualidad y que permite, en la práctica, la reducción del monto a pagar. Este crédito se utiliza para pagar otros impuestos o se puede reembolsar en efectivo.
La propuesta que se prepara prevé la supresión del crédito presunto y otros incentivos fiscales para que la base imponible sea amplia.
“¿De qué sirve tener un crédito presunto si no se paga?”, cuestionó el relator, quien también defendió una base amplia. Aguinaldo Ribeiro, sin embargo, prefirió no entrar en detalles de la propuesta, alegando que el gobierno aún no presentó el texto con su “mérito”.
Durante el almuerzo, el relator hizo una presentación del estado precise de la reforma y defendió la armonía entre el Senado y la Cámara para aprobarla. El parlamentario admitió que no habrá unanimidad, pero se mostró optimista con el diálogo que pretende realizar con los sectores económicos. “Conozco cada una de las demandas de todos los sectores”, dijo.
Para el coordinador del GT de reforma tributaria, diputado Reginaldo Lopes (PT-MG), el sector agropecuario podrá colaborar con un sistema más easy, transparente y justo, que permita la generación de empleos y rentas.
A qué se opone el sector agro en la propuesta
1) Alcance del concepto de contribuyente
Actualmente, los productores rurales no son contribuyentes directos de los impuestos que se extinguirán con la reforma y ahora tributarían de manera unificada. El sector no quiere que los productores rurales se integren al sistema IBS (el impuesto que se crearía, sumando otros). La agro alega que el pequeño productor rural no puede emitir factura.
2) Crédito Presunto
El sector quiere mantener este beneficio fiscal en el IBS para el comprador de producción agropecuaria. El argumento es que más de 5 millones de familias de pequeños y medianos agricultores y ganaderos necesitarán contratar un contador para calcular el impuesto.
3) Sin incidencia fiscal sobre los insumos agrícolas
El sector defiende esta fiscalidad diferenciada para garantizar la competitividad. El argumento es que, en un momento en que Brasil avanza hacia la firma de acuerdos de libre comercio, la carga sobre los insumos agrícolas tendrá efectos perversos.
4) Gravamen de la canasta básica de alimentos
El sector está en contra del gravamen de la canasta básica, que actualmente tiene productos exentos. Tampoco cree en la efectividad del sistema de declaración de impuestos para la población de bajos ingresos. El argumento es que habrá aumentos de precios e inflación. Y la devolución es difícil de implementar en todo el país.
5) Reembolso de créditos rápido y efectivo
El sector quiere asegurar, con la reforma, la devolución rápida y eficaz de los créditos fiscales en todos los cómputos, ya sean cómputos de impuestos comunes, exportaciones o inversiones. Las devoluciones deben hacerse dentro de un período fijo antes de cualquier asignación de ingresos entre los gobiernos federal y regional. El plazo deberá constar en la ley complementaria.
6) Tratamiento adecuado del cooperativismo
Para el sector es importante que la reforma presente normas explícitas sobre la sistemática del cooperativismo con la no incidencia de los impuestos sobre la cooperativa, sino sobre el cooperado.
7) No incidencia del impuesto selectivo en la cadena productiva de alimentos
El sector no quiere que el impuesto selectivo (conocido como impuesto al pecado, que gravaría los productos nocivos para la salud) se aplique a los alimentos.
8) Tributación adecuada de los biocombustibles
El sector cube que la fiscalidad debe incentivar el uso de biocombustibles con diferenciación de la carga fiscal entre biocombustible y flamable fósil.
Por Brasil 61