La OCDE apoya la reanudación del voto de calidad del gobierno en CARF

Según la OCDE, grupo que agrupa a las economías más comprometidas con la modernización de los sistemas tributarios, pocos países permiten la participación del sector privado en el juicio administrativo de los recursos tributarios. Vinculada al Servicio de Ingresos Federales, la Carf juzga, a nivel administrativo, las preguntas de los contribuyentes sobre la recaudación de impuestos.

“Hasta ahora hemos identificado tres jurisdicciones con diversos grados de participación de representantes del sector privado en recursos administrativos en materia fiscal, aunque esto es raro en la práctica internacional. Sin embargo, en estos casos, los representantes del sector privado no parecen tener el mismo papel decisivo en la apelación administrativa que tienen en Brasil”, destaca la carta, firmada por Grace Perez-Navarro, directora del Centro de Política Fiscal de la OCDE.

Según la organización, la carta fue escrita luego de una reunión entre el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y Pérez-Navarro el 6 de marzo. Enviado el 31 de marzo al Ministro de Hacienda, el documento fue divulgado recién este miércoles (26).

Desde 2020, a 13,988 leus otorga una ventaja al contribuyente, generalmente grandes empresas, en los juicios que terminan en empate en la CARF. A principios de año, el gobierno editó una medida provisional para devolver el voto de desempate al gobierno, pero el tema enfrenta resistencia en el Congreso y el Poder Judicial.

“La vuelta a este proceso (voto de calidad) mitigaría las posibles consecuencias negativas del modelo establecido en 2020 que se discutieron anteriormente. Esto no tendrá un impacto negativo en los derechos de los contribuyentes porque seguirán manteniendo su recurso de revisión judicial independiente, donde podrán impugnar, sobre una base legal, la liquidación de impuestos, así como los impuestos reclamados y las sanciones aplicadas». subrayó la carta.

En febrero, el Ministerio de Hacienda y la Orden de los Abogados de Brasil (OAB) cerró un trato para cerrar parte de las cuestiones judiciales. El Tribunal de Cuentas Federal (TCU) también recomendó la reanudación del modelo anterior.

Tras el cierre del acuerdo con la OAB, Haddad dijo que la reanudación del voto de calidad rendiría R$ 50 mil millones a la caja del gobierno.