Las invasiones de tierras crecieron un 213% el año pasado
Desde el inicio del mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en enero de 2023, se han producido 95 invasiones de propiedades rurales, según datos de la CNA. De la serie histórica del Incra, que va de 2005 a 2022, se constata que el número de invasiones de hace un año y tres meses es mayor que el observado entre 2018 y 2022, período de cinco años que comprende el último del expresidente Michel Temer y todo el mandato del expresidente Jair Bolsonaro.
José Henrique Pereira, asesor técnico de la Comisión de Asuntos Agrarios de la CNA, dice que movimientos como el MST han ganado terreno en el actual gobierno, lo que ha contribuido al aumento de las invasiones.
Afirma que no es correcto argumentar que las invasiones son un medio legítimo de presionar a las autoridades para que realicen una reforma agraria. «No existe una invasión legítima. La invasión es un crimen», afirma.
Pereira también señala que el país debería dar un paso adelante en esta discusión, ya que el problema no es la disponibilidad de tierras. «Según datos del propio Incra, tenemos más de 88 millones de hectáreas destinadas a la reforma agraria; más de 200 mil lotes baldíos. La reforma agraria es una política que tiene un principio, un desarrollo y un final. Tenemos que invertir ahora en el desarrollo de asentamientos y en la titulación de tierras, que es la fase final de la reforma agraria», evalúa.
El abogado especialista en derecho agroindustrial, Lucas Lousa, dice que a partir de los datos es posible establecer una relación entre el actual gobierno y el aumento de las ocupaciones irregulares de propiedades rurales.
«Los números lo demuestran todo. Con la transición del gobierno comenzó esta intensificación de estas invasiones de propiedades, algo que no vimos en el gobierno anterior. Todo indica que, efectivamente, hay una relación, incluso por parte de los funcionarios del gobierno. ideología, de proximidad a este Movimiento de los Sin Tierra».
Inversiones
Datos del Cepea (Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada), de la Esalq/USP, en colaboración con la CNA, muestran que el agronegocio fue responsable por el 23,8% de toda la riqueza generada en el país el año pasado. El sector emplea a más de 28,3 millones de personas, lo que corresponde a alrededor del 26,8% de la población ocupada del país.
Para Lousa, la inseguridad en el campo obstaculiza la atracción de nuevos inversores hacia la agricultura, un sector que se ha vuelto cada vez más importante para la balanza comercial exterior y el Producto Interior Bruto (PIB) del país.
El principal parámetro para atraer o evitar inversiones en el sector es la presencia o ausencia de seguridad jurídica. Y este tipo de invasión, de ocupación irregular de tierras productivas, como viene sucediendo, sin cumplir con los parámetros legales, genera esta inseguridad y, con la inseguridad, es obvio que las inversiones también tienden a caer”, evalúa.
Reacción en el Congreso Nacional
En medio del llamado Abril Rojo —mes en el que el MST intensificó las invasiones en todo el país—, parlamentarios de las bancadas agrícola y opositora en el Congreso Nacional buscan aprobar proyectos de ley que reduzcan las ocurrencias.
Una de las propuestas, el PL 895/2023, suspende el pago de prestaciones sociales, como Bolsa Família, a las personas condenadas por invasión de propiedades rurales o urbanas. El texto fue aprobado por la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) de la Cámara de Diputados —y ahora será analizado por el pleno—.
Hay 17 proyectos de ley en el paquete antiinvasión. José Henrique Pereira dice que la CNA apoya propuestas que apuntan a frenar las invasiones en todo el país, como la que suspende a los condenados de programas sociales.
«Este proyecto de ley es una forma de intentar frenar estas invasiones, creando varios obstáculos, quitando beneficios sociales a aquellas personas que invadieron e imposibilitando el acceso a algunos cargos públicos. Esto lo consideramos positivo», señala.
Por Brasil 61
