Nuevas reglas de saneamiento básico deberían beneficiar a más de 29 millones de brasileños

Los cambios permitirán inversiones de R$ 120 mil millones de reales hasta 2033 y entre ellos está el fin del límite del 25% para la realización de Asociaciones Público-Privadas (APP) por parte de los estados. Con esto, se busca aumentar la participación del sector privado y atraer nuevas inversiones al sector.

Los ajustes provocados por los nuevos decretos permitirán que 1.113 municipios vuelvan a acceder a los recursos de saneamiento básico del Gobierno Federal para que puedan cumplir con la meta de universalización. Según las normas vigentes, estos 1.113 municipios, que cuentan con 29,8 millones de habitantes, tenían sus contratos con proveedores estatales declarados irregulares y, por tanto, no podían contar con fondos federales para buscar la universalización.

Durante la ceremonia de firma, Geraldo Alckmin, vicepresidente de Brasil, explicó que los decretos firmados por el presidente contribuyen a mejorar la salud de la población brasileña.

“Estos dos decretos fortalecen la federación, establecen una sinergia entre municipios, estados y la unión y estimulan la inversión. El saneamiento básico es salud”, señala.

Según el gobierno, la nueva metodología propuesta permite a los proveedores responsables de los servicios de saneamiento en 351 municipios demostrar su capacidad económica y financiera y así evitar la interrupción de las inversiones. También permite que la prestación de servicios en otros 762 municipios, que habían sido excluidos por la metodología anterior, sean incluidos en el proceso de verificación y así regularizados, para evitar la suspensión de servicios o inversiones.

Otro ajuste importante fue la disposición regionalizada, ya que la Ley exige que, para tener acceso a fondos federales, los servicios deben prestarse de manera regionalizada, atendiendo a más de un municipio y con las nuevas reglas, el plazo para la regionalización es hasta el 31 de diciembre de 2025.

El nuevo plazo garantiza a los estados el tiempo necesario para estructurar adecuadamente la oferta regionalizada en los territorios, tal como lo prevé el nuevo marco legal, sin comprometer las inversiones en el período de transición al nuevo modelo de provisión.

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