Proyecto de ley tiene como objetivo reducir los impactos económicos en las ciudades vecinas a los puertos

El autor del PL, senador Flávio Arns (Podemos-PR), explica que la propuesta permite a los estados que gestionan puertos crear un fondo de compensación con ingresos de los puertos delegados, destinado a compensar a los municipios vecinos al municipio que tiene un puerto en su sede.

“Permitir la creación de estos fondos dará a los Estados mejores condiciones para garantizar un nuevo camino de desarrollo sostenible en la actividad portuaria, proporcionando un crecimiento económico virtuoso y sostenible, basado no sólo en la generación de empleos y mayores ingresos para las personas, sino también en la reducción de impactos negativos causados ​​a la sociedad, especialmente en las ciudades cercanas a los puertos”, explica el parlamentario.

El senador comenta que esta norma se presenta como una opción, y no como una obligación, pues reconocen que cada puerto del país tiene sus particularidades y especificidades.

Según el proyecto, el Puerto de Paranaguá, en Paraná, es el mayor puerto granelero de América Latina. En 2018 manejó 53 millones de toneladas de carga. Aunque es importante para la economía, sus actividades causan impactos negativos en ciudades de la costa de Paraná, como Paranaguá, Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes y Pontal do Paraná.

El abogado de Derecho Público Eduardo Tesserolli explica que las ciudades vecinas enfrentan problemas como aumento del tráfico y desgaste de la infraestructura, además de un posible desempleo si disminuyen las actividades portuarias. Para el experto, esto se traduce en más gastos municipales de mantenimiento y apoyo social.

Por otro lado, Tesserolli afirma que el PL permite a los municipios con puertos y a sus vecinos recibir un porcentaje de los ingresos de las concesionarias portuarias, lo que puede financiar obras, servicios y mejorar la calidad de vida, además de impulsar la economía local. Los municipios sin puertos también pueden beneficiarse, ofreciendo subsidios o cancelando deudas tributarias, como IPTU e ISS, mejorando así la situación económica y social de la región.

“El impacto negativo al final (para los municipios que tienen un puerto en su sede) termina siendo la posibilidad de que eventualmente este cargo se incluya como un costo de prestación del servicio, y esto podría encarecer algunos aspectos de la actividad. Incluso puede ser que esto eventualmente intervenga de alguna manera, como reflejo en el fletamento de buques y el transporte de carga, lo que en cierta medida tendrá un impacto directo en el puerto y, por tanto, en cierta forma, una pérdida. para el municipio que es sede del puerto”, agrega el abogado.

Avance del proyecto

El proyecto modifica la Ley 9.277, de 1996, que actualmente permite la aplicación de recursos recibidos de la concesión de puertos al sector privado sólo en las carreteras que dan acceso al puerto y en las áreas que albergan instalaciones portuarias.

La propuesta fue aprobada por el Comité de Asuntos Económicos (CAE) el pasado martes (25). De no haber recurso para votación en el Pleno, el texto pasará a la Cámara de Diputados.