Rio Grande do Norte tuvo 149 obras paradas en el período de 2012 a 2022
El abogado y especialista en derecho público y constitucional, Thiago Castro, considera que el daño ocasionado por la paralización de estas obras es incalculable. Los motivos de interrupción involucran, por ejemplo, sobrefacturación, incumplimiento de contrato, entre otras situaciones.
“Entonces, hay un inconveniente para la población, porque no tienen el beneficio de los proyectos. Sabemos que la administración pública tiene como fin el bien común y, en consecuencia, cuando una obra se paraliza, no cumple su finalidad, que es servir a la comunidad, servir a la población”, explica.
En todo Brasil, el 45% de los municipios tenían obras paradas, lo que correspondía a 2.494 municipios. La mayor parte de las obras paralizadas están vinculadas al área de educación, a través del Sistema Integrado de Seguimiento, Ejecución y Control (Simec), con el 49% del total; seguido de obras de vivienda, con 40%; panel de obras transferegov, con 7%; y la Fundación Nacional de la Salud (Funasa), con el 5%.
Castro evalúa que los impactos de las obras detenidas son directos, pues pueden causar perjuicios al Fisco, por el incremento de costos al momento de reanudar las obras en las que se modifican los precios.
“También tenemos un factor que es el desempleo. Cuando no tienes actividad, tampoco se promueve la región que se está desarrollando con el tema de las obras. En el campo de la construcción civil, por ejemplo, las empresas necesitan contratar empleados cuando ganan licitaciones y se ven obligadas a despedirlos cuando se suspende el contrato”, explica.
Entre los municipios brasileños que paralizaron las obras, el 56% tenía una sola obra paralizada. Por su parte, 46 municipios registraron 10 o más obras paradas, lo que corresponde al 11,5% del total de obras municipales.
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Por Brasil 61
