Saneamiento: fin del límite del 25% para la contratación de APP es visto como un punto positivo por los operadores privados
En nota, el director destacó que la medida crea una opción más de inversión a favor del saneamiento universal en Brasil. “De esta manera, las empresas públicas y privadas tienen una opción más para viabilizar las inversiones necesarias para el sector”.
En cuanto a los demás temas de los decretos, ABCON SINDCON informó que está analizando el formato adoptado para las regularizaciones, “teniendo en cuenta que -cualesquiera que sean las opciones- la seguridad jurídica será fundamental”.
Luana Pretto, presidenta ejecutiva del Instituto Trata Brasil, cree que el fin del límite del 25% para la contratación de APP en el sector contribuirá a la evolución de los servicios de abastecimiento de agua y recolección y tratamiento de aguas servidas ofrecidos a la población.
“Esto, en cierto modo, es bueno para la universalización del servicio, porque trae una opción más para los gobernadores o incluso alcaldes en relación a la solución del saneamiento básico en su región”, completa.
Provisión regionalizada
Otro ajuste previsto en los nuevos decretos fue la denominada prestación regionalizada, ya que la Ley exige que, para tener acceso a los fondos federales, los servicios deben prestarse de manera regionalizada, atendiendo a más de un municipio y con las nuevas reglas, el plazo para la regionalización hasta el 31 de diciembre de 2025.
El nuevo plazo garantiza a los estados el tiempo necesario para estructurar adecuadamente la oferta regionalizada en los territorios, tal como lo prevé el nuevo marco legal, sin comprometer las inversiones en el período de transición al nuevo modelo de provisión.
Según el gobierno, los ajustes que implican los nuevos decretos permitirán que 1.113 municipios vuelvan a acceder a los recursos de saneamiento básico del gobierno federal para que puedan cumplir con la meta de universalización.
Según las normas vigentes, estos 1.113 municipios, que cuentan con 29,8 millones de habitantes, tenían sus contratos con proveedores estatales declarados irregulares y, por tanto, no podían contar con fondos federales para buscar la universalización.
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Por Brasil 61
